A proteção supranacional dos direitos e a transformação dos ordenamentos jurídicos - Guimarães, Diego Fernandes (2024)
INTRODUCCIÓN. El objeto de esta investigación es la forma en que se estructuran los sistemas jurídicos, organizando sus fuentes y articulándose con otros sistemas. Se parte de los supuestos de que la estructuración concreta de un sistema jurídico está relacionada con la experiencia política y el grado de integración sociopolítica de una determinada comunidad, de modo que la estatalidad del fenómeno jurídico es una circunstancia histórica, más relacionada con el advenimiento del Estado nacional moderno, que puede dividirse en dos grandes modelos, según el modo como se organizan sus fuentes del Derecho: el Estado legal de Derecho y el Estado constitucional de Derecho. Por otra parte, algunas de las bases organizativas y consecuencias de este último modelo han sido cuestionadas ante los más recientes procesos de globalización e internacionalización de los derechos. El problema de investigación es el siguiente: ¿cómo ha afectado el desarrollo de los sistemas internacionales de protección de derechos a la estructuración de los sistemas jurídicos nacionales? El método de aproximación es dialéctico y el objetivo general es analizar el actual desarrollo dogmático de los principios estructuradores del sistema de fuentes a la luz de la apertura del ordenamiento jurídico estatal a los sistemas de protección internacional de derechos. DESARROLLO. El Estado nacional moderno aglutina los planes de producción y organización del Derecho, convirtiendo al ordenamiento jurídico en el único originario. En su primera fase, el Estado Legal, al sobrevalorar la seguridad jurídica como consecuencia de la necesidad de asegurar el triunfo revolucionario, se basó en la centralidad de la ley parlamentaria en el sistema de fuentes, afectando al contenido de la separación de poderes, dada la supremacía del Parlamento, a la concepción de los derechos fundamentales, más asociada a las libertades públicas, siendo las constituciones de naturaleza esencialmente política. El Estado Constitucional, por su parte, se caracteriza por la normatividad de la Constitución, que se convierte en vehículo de los consensos mínimos de una comunidad pluralista. La normatividad afecta significativamente a la noción de separación de poderes, además de eliminar la legitimidad puramente representativa de la ley. Ambos modelos pueden observarse en la experiencia constitucional brasileña, a pesar de algunas particularidades básicas, como la presencia del poder moderador en la Constitución de 1824, la centralidad de la ley parlamentaria en un sistema presidencial de gobierno desde la Constitución de 1891 y el perfil de control de constitucionalidad difuso y abstracto hasta la Constitución de 1988. RESULTADOS. Sin embargo, la profundización de las relaciones internacionales y el desarrollo del derecho internacional, así como la globalización jurídica, han tenido un impacto en los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, especialmente por la desorganización de la producción jurídica hasta entonces hecha por y para el Estado, con efectos también en la democracia constitucional. De hecho, el surgimiento del modelo cooperativo de relaciones internacionales es contemporáneo al de las constituciones normativas y, en el plano de la producción jurídica, junto a los tratados que constituyen verdaderos negocios jurídicos, surgirán normas vinculantes dirigidas al conjunto de la sociedad internacional, amparadas por organizaciones internacionales. El derecho internacional estará constituido por normas con validez objetiva, con eficacia inter partes o eficacia erga omnes, producidas por fuentes primarias convencionales y consuetudinarias y por fuentes derivadas, destinadas a la producción jurídica en el marco de las organizaciones internacionales, sistema este garantizado por mecanismos de sanción autónomos, menos institucionalizados que los del Estado. En el contexto de la relación entre el derecho internacional y los sistemas estatales, se observa que estos últimos siguen siendo los originarios, constituyendo el derecho internacional un sistema jurídico autónomo y paralelo, aunque derivado de los sistemas estatales, ya que estos últimos son el presupuesto de su existencia. Por lo tanto, aunque el derecho internacional interfiera con el derecho positivo estatal, el Estado conserva la capacidad de definir la organización de estas fuentes, con vistas a mantener la unidad del sistema jurídico. No sucede lo mismo con el desarrollo de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, caracterizados por la asunción de una obligación internacional por parte del Estado en materia de derechos a favor no de otro Estado, sino frente a todos los sometidos a su jurisdicción, obligación sustraída al dominio reservado del Estado y convertida en una relación de interés internacional. El sistema universal de derechos humanos no plantea desafíos al Estado constitucional, en la medida en que tiene un marcado carácter político, sus normas y decisiones de supervisión dependen de los instrumentos tradicionales del derecho internacional, sujetos en gran medida a la discrecionalidad y reciprocidad del Estado. El sistema europeo de derechos humanos, por su parte, mantiene una relativa deferencia hacia los poderes estatales, revelada por el instituto del margen nacional de apreciación, por su configuración del control de convencionalidad y por la institucionalización del diálogo judicial, limitándose a actuar en el establecimiento de estándares mínimos y comunes de protección constitucional de los derechos. El sistema interamericano de derechos humanos, en cambio, desarrolla una postura más impositiva, directa e incisiva sobre los sistemas y poderes públicos nacionales, como se desprende de la eficacia objetiva asociada a los contornos de su doctrina de control de convencionalidad, desarrollando una función similar a la de un Tribunal Constitucional, controlando la producción normativa estatal, actuando como árbitro en el control de la distribución de competencias y en la construcción de derechos (o dimensiones de derechos) no previstos en la Convención. Esta forma de actuar impacta en algunas de las bases político-constitucionales del Estado Constitucional: las acciones interactivas que tienen lugar en el espacio público estatal, el aspecto identitario de las constituciones estatales, la dinámica entre la jurisdicción constitucional interamericana y los órganos representativos estatales, afectando a la propia normatividad de la Constitución y a la pretendida promoción de la articulación del pluralismo sociopolítico. Las propuestas de desplazar el eje de preocupación hacia los órganos de aplicación y de considerarlo estructurado el sistema a partir de una lógica heterárquica significan rechazar el carácter prescriptivo del derecho y depreciar el proceso de producción del derecho y su íntima conexión con la comunidad y sus poderes políticos. Por último, la actual protección de los derechos en el contexto de la Unión Europea se basa en la incorporación de la Carta de Niza al derecho primario, lo que permite la interacción de los agentes en los espacios constitucional, nacional y europeo y la construcción de una identidad europea con los derechos fundamentales como epicentro. Sin embargo, esta incorporación no ha supuesto una ampliación de las competencias de la Unión, sino una protección de derechos en el ámbito competencial de la UE, lo que, por un lado, se aleja de la idea de derechos fundamentales que históricamente se ha construido como protección de situaciones subjetivas y, por otro, no aporta seguridad jurídica ante la vaguedad que aporta el reparto de competencias del Tratado de Lisboa. CONCLUSIONES. En el caso del sistema interamericano, es necesario impulsar una reforma institucional que sea capaz de establecer consensuadamente bases uniformes para su interrelación con los sistemas jurídicos nacionales. La Corte Interamericana necesita desarrollar su doctrina de discrecionalidad nacional e institucionalizar algún instrumento de diálogo judicial. A nivel estatal, la reforma necesita establecer una forma común de incorporar estándares interpretativos con eficacia erga omnes, así como establecer algún contra-límite que esté a disposición del espacio público estatal y de las interacciones mayoría-minoría. En cuanto a la Unión Europea, su constitucionalización efectiva dependerá de la inclusión de la CDFUE como marco común de derechos fundamentales que abarque a todos los Estados parte, dejando de limitarse al ámbito competencial de la Unión.